Escoltas, una necesidad amparada a derecho y no un lujo

Escoltas, una necesidad amparada a derecho y no un lujo

Se ha señalado de forma infundada que mentí a los magistrados sobre las medidas de seguridad conocidas como “escoltas”.  

Si una magistrada por error da un dato inexacto o incorrecto, no significa que haya mentido, pero tampoco esto significa que la persona que tiene el dato exacto haya faltado a la verdad. Si un medio de comunicación asevera en un titular que he mentido, falta a la ética periodística y desnuda su agenda.

Mi trabajo en Limón contra el crimen organizado y narcotráfico me generó una serie de enemigos, algunos de ellos reconocidos en juicios mediáticos quienes han expresado abiertamente sus amenazas.

En una oportunidad fui el objetivo de un atentado fallido ya que la bala no me alcanzó ni a las personas que me rodeaban, sin embargo, esto nunca me detuvo en mi lucha contra el crimen organizado.

Serví al país como Comisionado Nacional Antidrogas, Viceministro y Ministro de Seguridad y director de la DIS, posiciones en las que siempre tuve al narcotráfico como objetivo, ya que este delito destruye nuestra sociedad y genera más violencia.

Cuando empecé a trabajar en la Sala III fui consultado sobre las personas que me acompañan en la labor de seguridad, manifesté que son medidas extraprocesales fundadas en resoluciones emanadas de órganos competentes, palabras más, palabras menos, y no hubo dudas ni aclaraciones adicionales que me fueran solicitadas.

Si algún compañero o compañera interpretó mis palabras como si esto fuera parte de la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público es un error, así como también lo es hacer público que un sujeto se encuentra bajo protección o no, porque en un tema tan sensible existe el deber legal de confidencialidad.

La protección que se me brinda es una necesidad, amparada a derecho. Mis fuertes e incansables acciones contra el crimen organizado generaron la necesidad de esa protección, la cual tiene un amplio fundamento legal: dictámenes de la Procuraduría General de la República N° C-064-1997 y C-293-2003, artículos 12, 139 inciso 3) y 140 incisos 6) y 16) de la Constitución Política, artículos 4 y 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 1, 2, 4, 8 incisos c) y d) y 22 de la Ley General de Policía .

La Unidad Especializada de la Dirección General de la Fuerza Pública brinda esta protección desde el 28 de febrero del 2015, a quienes aprovecho para expresar públicamente mi gratitud.

Quienes hemos recibido esta protección podemos dar fe que en todo momento se añora la libertad de la que goza todo costarricense en la calle, pero es el precio a pagar por dar la milla extra en la lucha contra la delincuencia.

Cientos de detractores me los he ganado por actuar con firmeza contra la delincuencia, de la cual necesito protección para poder seguir dando esa lucha por Costa Rica.

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